CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MOVILIZACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Brasilia, 25 de mayo de 2009.

Introducción

La movilización en la República Bolivariana de Venezuela está regulada por una estructura de normas que tienen como fundamento el principio de corresponsabilidad establecido en la Constitución Nacional en el año 1999[1]. Con este principio se buscó involucrar a todos los venezolanos para que participen en la solución de todos los problemas inherentes a la seguridad dentro de la misma estructura del Estado, en otras palabras, se buscó pasar de una estructura burocrática compartimentada a un órgano político que de manera integral pueda salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.

La movilización nacional, es decretada por el Presidente de la República de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y es entendida como:

“...el conjunto de previsiones y acciones preparatorias y ejecutivas destinadas a organizar el potencial existente y convertirlo en poder nacional, abarcando todos los sectores de la Nación tanto públicos como privados, para hacer más efectiva, armónica y oportuna la transición de una situación ordinaria a otra extraordinaria”[2].

Como se observa en este concepto esta subyacente la excepcionalidad que daría motivos para decretar una movilización y consecuentemente están presentes las nociones de tiempo y espacio y la naturaleza de la acción a ser encaminada para restituir a la normalidad una situación que produjo o es capaz de producir cambios súbitos y repentinos que afecten los intereses y objetivos nacionales. La pertinencia de esta acotación se debe a que dados los graves problemas políticos que sufrió el país desde el año 2002 hasta el año 2004, la idea de la excepcionalidad ha sido casi permanente[3] con lo cual desde la misma estructura de la Fuerza Armada Nacional a través de la Milicia Nacional Bolivariana ya hay una movilización parcial más allá de lo estipulado en la Constitución Nacional en lo que respecta a los estados de excepción[4] y que está establecido en la ley[5].

Por estas circunstancias el tema de esta exposición es dar a conocer la estructura de la movilización en concordancia con las normas establecidas  en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la estructura de la movilización en previsión para atender situaciones contingentes

La estructura normativa que rige la movilización nacional en la República Bolivariana de Venezuela.

La movilización como herramienta para la normalización de la república luego de o en circunstancias contingentes se rige por las pautas establecidas en los siguientes instrumentos: la Constitución Nacional específicamente en lo que versa sobre estados de excepción y su norma consiguiente, la ley Orgánica de Seguridad de la Nación aprobada en diciembre del año 2002 y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional aprobada en el año 2005 y actualizada en el año 2008. La acotación a las fechas indicadas anteriormente evidencia en primer lugar lo novedoso de los instrumentos nacionales sobre la materia y las contingencias que hubo que afrontar y que determinaron una estructura de acción que ha demostrado eficacia desde el momento de promulgación de estas normas hasta el presente. Todos los entes del poder público nacional están involucrados en todos los asuntos concernientes a la movilización y la ley contempla las medidas presupuestarias que deben adoptarse en ese caso en particular, pudiéndose ordenar la “requisición de bienes necesarios” para la seguridad y defensa nacional cuando la circunstancia extraordinaria lo amerite [6].

Un aspecto que es importante destacar de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación es que el Presidente de la República “podrá disponer el empleo de la Fuerza Armada Nacional para coadyuvar en el control y funcionamiento de los servicios públicos o de las empresas básicas del Estado para la vida económico-social de la nación” sin necesidad de decretar un estado de excepción y en caso de que fuese declarado el personal de tales servicios podrían quedar sometidos “temporalmente al régimen militar”[7]. La explicación de esta novedad se debe a que el país fue sometido a un sabotaje petrolero que significó también la paralización de la flota mercante petrolera nacional en diciembre del año 2002[8]. Esta circunstancia que condujo y fue consecuencia de un decaimiento de la cohesión social del país producto de la acción de factores externos con el apoyo de una clase dirigente que había perdido su legitimidad desde el punto de vista político, obligó a tomar los correctivos necesarios para evitar permanentemente que eventos de esa naturaleza se repitiesen para perjuicio de todos los venezolanos.

Estos hechos mencionados anteriormente generaron en la práctica una situación política potencialmente susceptible para la declaración de un estado de excepción. Pero luego de una evaluación previa en los máximos niveles de decisión nacionales, se generó la convicción de que se podía movilizar al Estado sin necesidad de declarar una circunstancia excepcional debido a que los problemas sociales del país eran producto de una realidad histórica que justificaba una serie de acciones tendentes a reafirmar la soberanía nacional en un contexto reaccionario y por tal motivo se ha hablado en nuestro país de una continuación del proceso independentista. El criterio que se instrumentó fue el de la defensa integral establecido en la Constitución Nacional que es entendida como “el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación”[9].

De este concepto se desprende que para Venezuela hay una defensa militar y una defensa no-militar en el sentido clásico del término, pero en el entendido que esta defensa es el efecto de un acto deliberado para disminuir la capacidad de maniobra del Estado en su quehacer político nacional e internacional en otras formas que anteriormente no eran consideradas como militares[10]. De igual forma del concepto de defensa integral se desprende también que el desarrollo, entendido como las acciones necesarias para hacer la defensa viable constituye un acto de defensa. Este nuevo concepto de defensa justificó, en parte, la creación de las Misiones Bolivarianas, un instrumento contingente que ha ayudado a resolver problemas estructurales de la sociedad venezolana en los ámbitos ámbitos social (salud, educación y alimentación), político (preservación de la institucionalidad democrática), cultural (rescate de los valores de la venezolanidad), económico (creación de una nueva infraestructura que facilite la actividad de producción), geográfico, ambiental y militar. Todo esto debido a que se han considerado los males existentes en el país como efecto de una agresión provocada por la implantación de un modelo de desarrollo que excluyó gran parte de la población venezolana.

Estas Misiones abarcan aspectos educativos en lo que concierne a la instrucción fundamental, básica y universitaria; aspectos alimentarios y de servicios básicos que incluyen salud (tanto desde el punto de vista preventivo, curativo y correctivo), habitat (que incluye le protección ambiental, urbanismo y embellecimiento del paisaje urbano), vivienda, etc. [11]. La eficacia de estas Misiones radica en el hecho que gracias a ellas, a partir del año 2007 Venezuela ingresó al grupo de paises con un alto índice de desarrollo humano (IDH)[12]. En todas estas Misiones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una participación directa. Para los militares venezolanos esta es una de las expresiones actuales de la movilización.

Desde el punto de vista militar, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional del año 2005 estableció que la “movilización militar total o parcial es el conjunto de operaciones y acciones destinadas a organizar y desplegar el potencial militar para transformarlo en poder operativo de la Fuerza Armada Nacional”[13], por lo que podrán entender que la defensa militar para nosotros ha adquirido una nueva dimensión, quizás por encontrarnos en una situación de guerra más allá de las reglas[14] producto la exclusión social generada por una división internacional del trabajo que colocó al país en una situación de desventaja política y que se manifestó en una crisis social y económica permanente[15]. A este respecto se presenta como pertinente una reflexión hecha por M. Klare sobre los efectos de la crisis financiera desatada en el año 2008. Para este autor la crisis se ha manifestado en ansiedad por el futuro en un contexto de recursos escasos que está obligando a los Estados a declararse en estado de sitio, esto es usar todos los medios represivos a su disposición para mantener una idea de paz social en un contexto de graves desequilibrios en todos los ordenes[16].

Este problema que se hizo patente para los venezolanos primeramente en el año 1989 y que ha dado origen al proceso de cambios políticos que hoy dia estamos viviendo se ha intentado solucionar bajo la figura de la unión civico-militar institucionalizada en el principio de corresponsabilidad para todo lo concerniente a la seguridad y defensa nacional. ¿Qué estamos defendiendo en éste contexto?: la cohesión social, la solidaridad orgánica que se expresa en la venezolanidad.

Si bien el Estado se movilizó para la solución de graves problemas estructurales, el principio de corresponsabilidad en la atención de todos los problemas de seguridad y defensa involucró a todos los venezolanos, y como este principio se constituyó en fundamento de la venezolanidad expresada en la solución de las situaciones contingentes generadas por el golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de finales de ese mismo año, el ejecutivo nacional institucionalizó la Milicia Nacional Bolivariana, como un cuerpo parcialmente movilizado para complementar las tareas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo lo concerniente a la Defensa Integral de la nación.

Desde esta perspectiva, la Milicia Nacional Bolivariana tiene como misión “entrenar, preparar y organizar al pueblo para la Defensa Integral con el fin de complementar el nivel de apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación, con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la Nación”[17] y está integrada por la reserva militar y la milicia territorial.

La reserva militar “está constituida por todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad, que hayan cumplido con el servicio militar, o que voluntariamente se incorporen a las Unidades de Reserva o en los Cuerpos Combatientes”[18] y la milicia territorial que “está constituida por los ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se organicen para cumplir funciones de Defensa Integral de la Nación, en concordancia con el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”[19]. La figura por medio del cual esta institución se considera movilizada es mediante el concepto de empleo temporal, es decir, cuando son llamados a cumplir tareas consideradas de naturaleza militar y que tienen que ver con la defensa integral que hoy día se está manifestando mediante las misiones. Actualmente alrededor de 15.000 personas están movilizadas de manera temporal o participando en actividades relacionadas con la defensa y/o el desarrollo integral del país de acuerdo con datos suministrados por la Misión Miranda. La reserva militar puede ser llamada también para períodos de instrucción y en caso de declararse un estado de excepción[20], sin embargo, como ya se expresó, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no requiere de la declaración de un estado de excepción para movilizarse el mecanismo por medio del cual esta institución está cumpliendo con su misión de carácter social es mediante la vía militar.

Como se ha observado en lo expuesto hasta ahora, la orientación de la movilización nacional actual es hacia lo social específico de la nación. Una de las tareas que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la participación activa en el desarrollo nacional y en este sentido hay que entender que la acción social hoy día implica la creación de condiciones para hacer la defensa integral viable. Ello significa que la movilización nacional actual tiene dos ejes: generar solidaridad orgánica nacional a partir de la estructura de producción y reproducción de la vida material como un acto de defensa para crear a su vez condiciones para la defensa y desarrollar una estructura e infraestructura de producción y reproducción bajo otro modelo económico que incluya a todos los venezolanos. El punto de aplicación del esfuerzo actual de la movilización venezolana es el fortalecimiento del consejo comunal.

Esta nueva institución es para los venezolanos el centro principal de la participación y protagonismo del pueblo en la formulación de ideas, propuestas y proyectos que se puedan traducir y ejecutar en políticas públicas[21] y la vinculación de los consejos comunales en la defensa integral se está logrando hoy en día por intermedio de la Milicia Nacional Bolivariana, no obstante ello, esta institución tiene entre sus funciones “articular... las organizaciones sociales presentes en la comunidad y promover la creación de nuevas organizaciones donde sea necesario, en defensa del interés colectivo y el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la comunidad” así como también la promoción del “el ejercicio y defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación”[22]. Esta institución, dentro de un contexto de construcción de una estructura de producción y reproducción de la vida material, implica que la acción de defensa y desarrollo va más allá de la clásica concepción de la geografía puesto que parte directamente del espacio de producción, dándole al acto de defensa una nueva dimensión en concordancia con la naturaleza actual de los conflictos, con lo cual la movilización y la previsión han pasado a ser para nosotros entendidos de manera diferente.

La estructura de la movilización en previsión para atender situaciones contingentes

La excepcionalidad implica la consideración de situaciones contingentes de modo que la normalización de una situación en función de una perturbación grave facilite la movilización de todos los recursos de la nación de la manera más eficaz posible, por tal motivo se puede afirmar que la movilización en tanto que concepto y previsión es un problema de seguridad y defensa. Es la fase previa y posterior a la excepcionalidad. Pero si se tiene presente que la legislación venezolana contempla la movilización militar sin necesidad de la declaración de una circunstancia excepcional y que de hecho está parcialmente movilizada en cuanto que la Milicia Nacional Bolivariana dentro del marco de la Fuerza Armada Nacional está realizando una serie de acciones para contribuir a normalizar una situación extraordinaria, con lo cual se puede afirmar que Venezuela está saliendo de una circunstancia excepcional.

         En este contexto lo que se ha estado planteando en el caso venezolano es la convencionalidad del concepto de movilización y los supuestos que están subyacentes en ese concepto ya enunciado precedentemente. La movilización ha sido entendida como un acto que persigue al final de cuentas hacer retornar una situación a la normalidad o a un estado que sea tolerable, por lo que la pregunta que se nos hizo pertinente fue ¿Qué es normalidad?, sobre todo qué es normalidad dentro de un contexto de contingencias económicas, sociales y ambientales por sólo citar algunas categorías. Estos interrogantes a su vez plantean otros como por ejemplo: ¿la normalidad es con respecto a qué?. En un mundo tan interconectado es muy difícil hablar de normalidad cuando otras entidades políticas viven circunstancias excepcionales que eventualmente pudieran afectarnos. Ello ameritaría reflexionar sobre que hace que algunas entidades políticas estén dentro de un marco de normalidad y otras no, y que es lo que hace que una entidad invoque el estado de excepción para apelar a la movilización y los consiguientes procesos de requisiciones si ello es necesario.

         Los planteamientos antes realizados han hecho entender a los venezolanos que en cierta forma el mundo está en estado de excepción y el mismo concepto de movilización bajo la concepción tradicional del Estado no da respuestas suficientes para normalizar situaciones contingentes. Consecuentemente, si el mundo está en estado de excepción y esta situación se presenta en un escenario complejo, la movilización no es sólo un acto reactivo en relación con una situación excepcional, sino que hoy día ha pasado a ser expresión de la dinámica del Estado en el mundo en que vivimos, con lo cual hoy en día es difícil concebir al Estado sino en movilización permanente. Ello explica el por qué en Venezuela la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por una parte, y por la otra gran parte de la población nacional está movilizada, es decir, los venezolanos tienen que estar adaptándose a las circunstancias cambiantes del entorno en función de los medios disponibles.

De igual forma, lo anteriormente expuesto implica y explica la discrepancia existente en lo que concierne a la concepción clásica de la movilización de acuerdo con el proceso evolutivo de las normas venezolanas sobre la materia desde el año 2002 hasta el año 2008. De este proceso evolutivo se pueden extraer dos ideas fundamentales y estrechamente relacionadas: la primera es la de tratar de responder qué entendemos los venezolanos por normalidad y la segunda qué significa y cuál es el objeto del Estado venezolano para y en movilización permanente.

         En relación con el concepto de normalidad se puede afirmar que ésta se ha estado construyendo a partir del año 1998 puesto que por las reaciones político-sociales acaecidas en los años 1989, 1992 y 2002 ésta estuvo caracterizada por una relación de exclusión que se manifestó en una ruptura de la cohesión social del país y una creciente perdida del sentido de la venezolanidad. La causa de esta situación obedeció al hecho que en Venezuela existió una discrepancia cada vez más creciente entre la estructura social y una superestructura política dominada por una clase dirigente que se amparaba en la administración de una actividad petrolera que servía a intereses foráneos. Ello explicó el por qué una de las primeras acciones del actual gobierno nacional fue la de movilizar a la Fuerza Armada Nacional por intermedio del denominado Plan Bolivar 2000 para atender a la población excluida de los procesos económicos determinados por una ideología neoliberal que había desmontado el aparato productivo nacional enviando al desempleo a una apreciable cantidad de venezolanos. Este esfuerzo de movilización hizo que todos los recursos disponibles del aparato militar venezolano se orientaran a la defensa de los venezolanos, es decir, mediante la satisfacción de sus necesidades básicas. La construcción de algo que fuese llamado normalidad comenzó con la propuesta de un nuevo proyecto político que fue aprobado por la mayoría de los venezolanos en el año 1999 y defendido en el año 2002 y que se traduce en el bienestar, la dignidad, el desarrollo de la persona y la prosperidad de todos los venezolanos[23].  La efectividad en el cumplimiento de esos objetivos nacionales se ha traducido en la efectividad de los actos de defensa que han mantenido y consolidado el nuevo proyecto político nacional.

Ahora bien, como se afirmó esa normalidad se ha estado construyendo y en consecuencia el estado de excepción global y nacional ha implicado que el Estado se mantenga en movilización permanente. Esto ha significado para los venezolanos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se haya sumergido en la población venezolana haciéndose parte de ella y gran parte de la población venezolana haya asumido el rol de defensor de la venezolanidad. El objeto ha sido la procura de una normalidad que establecieron los venezolanos en el pasado reciente. El cómo se ha orientado el potencial nacional para que éste se convierta en poder ha sido mediante la expropiación de bienes y servicios básicos para el normal funcionamiento de la nación y que por diversas razones, en muchos casos de naturaleza económica, estaban ociosas. Ello explica el porque, la capacidad de defensa de nuestro país y creo que de gran parte de la región estuviese limitada a un tiempo relativamente corto. Por citar un ejemplo, cuando se inició la ola de privatizaciones promovida en el Reino Unido y en Estados Unidos a inicios de los años ochenta del siglo pasado, no se desnacionalizó la industria de defensa. En Venezuela no sólo la incipiente industria de defensa había sido desmontada, sino que los servicios básicos para el normal funcionamiento del país habían sido privatizados y en muchos casos declarados en quiebra. En consecuencia, en Venezuela se revirtió el proceso de desnacionalización económica y productiva en curso hasta el año 1998 y se ha buscado mediante la creación de una nueva estructura de producción y reproducción de la vida material que emerja la superestructura de lo político. El propósito es pasar del Estado a la res-pública y que sean todos, los venezolanos repúblicanos en tanto que productores, defensores de la venezolanidad a partir de una nueva estructura de producción e intercambio. Por tal motivo el Presidente de la República ha hablado de refundación de la república y ese acto ha requerido la movilización total del Estado.

Para concluir, como se ha observado, la orientación de nuestro sistema de movilización, que está en fase de reestructuración y perfeccionamiento es hacia la defensa, pero entendida esta de manera diferente. Es común escuchar el advenimiento de nuevas amenazas que ameritarían la declaración de circunstancias excepcionales y por consiguiente una movilización nacional o militar parcial o total. Este modo de proceder presupone que el fundamento sobre el cual se actúa de esa manera es concordante con el interés de la multitud, de la pluralidad de individuos que conviven en un espacio determinado y es sobre este conjunción, concordancia en la diferencia es que los venezolanos se han movilizado en estos últimos diez años.

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[1] Artículos 322 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)

[2] Artículo 28 y 29 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN)

[3] Ver “CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”, palestra presentada por el CN Edgar Blanco Carrero al Curso de Gestión de Recursos para la Defensa CGERD ESG, en Brasilia el 02OCT2008

[4] Según el artículo 338 de la CRBV se puede decretar el estado de excepción en caso de catástrofes o calamidades públicas u otros eventos similares, en caso de emergencia económica y en caso de conflicto interno o externo.

[5] Artículo 29 de la LOSN.

[6] Articulo 31 y 33 de la LOSN

[7] Articulo 32 de la LOSN

[8] Blanco, E (2004) Reflexiones sobre Estrategia maritima en la era de la Libertad de los Mares. 2ª ed. Caracas. Panapo 320 p.

[9] Artículo 3 de la LOSN.

[10] Qiao y Wang (1999) Unrestricted Warfare. APC 273 pp.

[11] Ver Gobierno en línea en http://www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html o el site de la Embajada de Venezuela en Brasil, http://www.embvenezuela.org.br/_port/index.php

[12] Fuente: PNUD  http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf

[13] Artículo 92 de la LOFAN 2005.

[14] Ver: Qiao y Wang (1999. 225 pp).

[15] Negri, A (2006/2008). Fabbrica di Porcelana. Per una nuova grammatica Política.  34 pp.

[16] Klare, M (2009). A planet at the brink?. http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/KB26Dj02.html 

[17] Artículo 44 LOFANB 2008.

[18] Artículo 50 LOFANB 2008.

[19] Artículo 51 LOFANB 2008.

[20] Artículo 49 LOFANB 2008.

[21] Articulo 3º  de la Ley de los Consejos Comunales (LCC).

[22] Artículos 9o y 21o de la LCC.

[23] Artículo 3 de la CRBV. Consecuentemente, el artículo 326 establece como principios de la seguridad: “independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos...”.