Josmar Fernández
@josmarfernandez
Esta semana correspondía retomar el tema de los
expertos en materia de fronteras y límites, sin embargo, desde hace unos días, el
grupo Mi Mapa ha realizado interesantes cuestionamientos sobre el
comportamiento pasivo de los venezolanos, exteriorizando un clamor nacional, de
vieja data, de exhortar al Estado venezolano a ser más agresivo en su accionar
respecto a la reclamación del Esequibo, espacio geográfico que no se nos
pretendió despojar con el Laudo de 1899, sino que, en efecto se nos despojó.
Analizando los últimos 50 años, no se ha dado un
debate nacional en esta materia, como tampoco se nos habló propiamente de las
ventajas y desventajas que representaba para Venezuela, la firma del Acuerdo de
Ginebra de 1966.
Siendo éste el único instrumento jurídico que
garantiza, al menos, el reconocimiento por parte del Reino Unido y Guyana, de
una contención por parte de Venezuela, cuestión que no significa de ninguna
manera, que se haya dejado sin efecto el Laudo Arbitral, declarado
unilateralmente nulo e írrito; no es menos cierto que tiene sus bemoles y así
lo dieron a conocer en su oportunidad insignes venezolanos de la talla de
Efraín Schacht Aristiguieta, Marcos Falcón Briceño, Isidro Morales Paúl, Carlos
Sosa Rodríguez, Pedro José Lara Peña, Juan Carlos Rey, Ramón Carmona y el
jurista y ex canciller René de Sola, como uno de los mayores críticos, quien
publicó “Guayana Esequiba y el Acuerdo de Ginebra” donde exponía a
detalle sus reservas sobre el acuerdo. Tales observaciones parecieran no haber
tenido mayor repercusión, al menos el debate sobre los posibles desafíos que se
nos presentarían a futuro no se dio. Para el año 1981 Pedro José Lara Peña decretaba
tajante “con el Acuerdo no hemos logrado ningún paso positivo ni lo haremos
en el futuro”. Expresión lapidaria.
Sería inútil a estas alturas, profundizar sobre lo que
dejamos de hacer internamente en 54 años y hoy nos pasa factura. Para dar un
ejemplo y, apartando la cuestión político-partidista, que tanto daño ha hecho
en este particular, sería irresponsable negar que en el año 2013, un grupo de
diputados de “Movida Parlamentaria”, encabezado por la entonces diputada María
Corina Machado, preparó un proyecto de ley para ser introducido ante la
Asamblea Nacional, cuyo objeto era reforzar la posición de Venezuela en el
territorio en reclamación ante las pretensiones de Guyana, la idea central era
determinar las zonas marítimas, incluyendo la plataforma continental extendida,
correspondiente a la proyección de la fachada atlántica del estado Delta
Amacuro y hacer reserva expresa de los derechos de nuestro país sobre el Esequibo.
El proyecto se desestimó en su momento, luego, en el
año 2018 se creó la Comisión Mixta de Defensa del Esequibo y su Fachada
Atlántica de la Asamblea Nacional (AN) a quien se le instruyó “iniciar la
preparación de un proyecto de ley que fije claramente los espacios
correspondientes a la Fachada Atlántica, e igualmente convoque activistas y
expertos en la materia, con el objeto de elaborar los proyectos de leyes
necesarios que tengan que ver con la reafirmación de nuestra integridad
territorial y marítima”. Hasta hoy no se conocen detalles al respecto.
Analizar la controversia implica conocer la
perspectiva venezolana y comprender los argumentos esgrimidos por Guyana, para
poder realizar cuestionamientos sensatos. Ello nos lleva a identificar una
discrepancia de interpretaciones: Venezuela afirma que la controversia es
territorial, lo que implica la devolución del territorio que le fue despojado, Guyana
sostiene que la controversia es jurídica, reconoce la contención de Venezuela
al manifestar unilateralmente que el Laudo de 1899 es nulo e írrito, por lo
cual, exige discutir en principio la validez o no del Laudo ¿Cómo se concilian
dos interpretaciones de la controversia, mutuamente excluyentes? ¿Cómo se
selecciona el mecanismo para solventar la controversia, si su aplicación
depende precisamente de ello?
Remitirnos al Acuerdo de Ginebra, implica referir el
artículo IV, tremendamente discutido, en el cual se cita el artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas, donde el arreglo judicial está previsto, sin
embargo, hay quienes sostienen que es un párrafo enunciativo, porque Venezuela
no hace reconocimiento expreso de la jurisdicción de la Corte y no creen que se
pueda interpretar de tal manera.
En todo caso, la negociación obliga a pensar en
mínimas y máximas aspiraciones respecto al territorio Esequibo, hay que decirlo
responsablemente. Alimentar un discurso diferente, puede llevarnos al punto
poco conveniente de una escalada del conflicto, cuestión que se traduciría en una
amenaza a la paz de la región. Pareciera que no se ha puesto sobre la balanza
el efecto rebote, por parte de la sociedad venezolana hacia las fuerzas
políticas, ante el posible desenlace de esta controversia.
Debemos dejar la ingenuidad, las relaciones
internacionales no se basan en hacer amistades, sino en entrar en un juego de
intereses nacionales y poder. Estamos en una situación compleja y desfavorable,
frente a una CIJ impredecible, cuya aceptación del caso podría significar una
solución conforme al estricto derecho o con arreglo de normas de equidad, ex
aequo et bono. Hay que decirle al venezolano que la tendencia en sus
decisiones ha sido lo segundo y ello no necesariamente nos beneficia, tampoco se
puede seguir vendiendo la idea de teorías conspirativas o apostar al
desprestigio de los organismos internacionales que son consultados por la
comunidad internacional.
Con una visión clara, el profesor Juan Carlos Rey
refería “la tentación de la demagogia” como un peligro en la conducción
de nuestra Política Exterior y del cual debemos estar atentos, cuyo significado
es “abdicación por parte de los líderes políticos de su responsabilidad de
tomar decisiones y el renunciar a su deber de tratar de orientar a la opinión
pública por temor a la impopularidad”. En 1962 nos pronunciamos
oficialmente respecto a la reclamación, hay dos opciones: quedarnos de brazos
cruzados para luego señalar responsables, nuestro pasatiempo favorito, o pensamos
en una mejor estrategia que el discurso retórico.
No hay espacio ni tiempo para falsas expectativas, hacen
seguimiento Colombia y algunos países del Caribe, con los que tenemos una
delimitación de áreas marinas y submarinas pendiente.
Sería importante evaluar los casos en que la Corte ha aceptado seguir un juicio sin una de las partes y cuál ha sido el resultado
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