Por Gustavo Sosa
Larrazábal
Introducción
Hace poco más de sesenta años, dos países situados en
extremos opuestos del planeta parecían destinados a recorrer caminos muy distintos.
El primero de ellos, llamado Singapur, es una pequeña
isla del sudeste asiático, que dejó de ser colonia británica en 1963 y se
convirtió en un Estado soberano el 9 de agosto de 1965. Su geografía carece de
recursos naturales, con una población diversa compuesta por el 75% de chinos,
el 15% de malayos y el 10% de nativos de la India. Su territorio inicial era de
581 Km2, que con el tiempo ha ganado unos 150 Km2, por
reclamación de tierras, sin materias primas ni minerales, sin tierras agrícolas
y sin autosuficiencia de agua. Todas estas condiciones auguraban un futuro
incierto. El único recurso real con el que contaban no estaba bajo tierra, sino
el mapa: su ubicación estratégica en la entrada del Estrecho de Malaca, donde
se cruzan las rutas marítimas más importantes del planeta, que conectan el
Océano Índico con el Océano Pacífico.
El otro país era una nación privilegiada por la
naturaleza, llamada Venezuela, con vastas reservas de petróleo, abundantes
recursos minerales, tierras fértiles y una ubicación estratégica en el norte de
América del Sur.
Pocos habrían imaginado entonces que esa pequeña isla
terminaría convirtiéndose en una de las economías más desarrolladas de nuestro
planeta, mientras la nación rica en recursos naturales enfrentaría una completa
quiebra económica e institucional.
La diferencia entre ambos países no estuvo determinada
por la geografía ni por la suerte. Tampoco puede explicarse únicamente por sus
recursos naturales. La verdadera diferencia radicó, sobre todo, en las
decisiones que tomaron sus dirigentes y en los valores que lograron fortalecer
dentro de la sociedad.
Estas notas no pretenden afirmar que Venezuela deba
convertirse en una copia de Singapur. Sería un error. Cada país posee una
historia, una cultura y una realidad propias. Las soluciones que funcionaron en
una nación no pueden trasladarse mecánicamente a otra.
Sin embargo, sí es posible aprender, adaptar y aplicar
ciertos principios rectores en el gobierno de un país, tal como lo describe Lee
Kuan Yew, Primer Ministro de Singapur durante más de tres décadas, en su libro
“From Third World to First” (Del Tercer Mundo al Primero). Él dedicó gran parte
de su vida a reflexionar sobre esos principios. Entre ellos destaca uno que
sigue siendo motivo de debate en muchas democracias: la diferencia entre
construir una sociedad justa o construir una sociedad basada en la dependencia
permanente del Estado.
La expresión que da título a este ensayo — Una
sociedad justa, no asistencialista — resume un principio sencillo pero
profundo. Una sociedad verdaderamente justa no es aquella donde el gobierno
resuelve todos los problemas de sus habitantes, sino aquella que crea las
condiciones para que ellos puedan resolverlos por sí mismos, mediante la
educación, el trabajo, el ahorro, el esfuerzo individual, colectivo y el
respeto por la ley.
Esta afirmación suele generar incomodidad. Algunos la
interpretan como un llamado a reducir la solidaridad con quienes más lo
necesitan. No lo es. Una sociedad justa protege a quienes atraviesan momentos
difíciles y procura que nadie quede abandonado. La diferencia está en el
propósito de esa ayuda. Su objetivo no debe ser crear dependencia, sino abrir
nuevamente el camino hacia la autonomía productiva.
Este principio resulta especialmente relevante para
Venezuela, que durante décadas disfrutó de una riqueza petrolera extraordinaria
que permitió financiar amplios programas sociales y un Estado todopoderoso,
cada vez más presente en la vida económica del país. Algunas de esas
iniciativas respondieron a necesidades reales que mejoraron temporalmente las
condiciones de vida de la población. Sin embargo, también surgieron prácticas
que fomentaron la dependencia de la renta petrolera, el clientelismo, la
corrupción y la expectativa de que el Estado podía resolver, por sí solo, los
problemas individuales y colectivos.
La experiencia de Singapur invita a plantear una
pregunta distinta: ¿cómo construir una sociedad donde el principal patrimonio
de cada ciudadano no sea un subsidio del gobierno, directo o indirecto, sino su
capacidad para crear, trabajar, ahorrar, innovar y progresar?
Responder a esa pregunta exige mirar más allá de las
diferencias políticas. Requiere fortalecer las instituciones, proporcionar
educación de calidad a todos los niveles, exigir responsabilidad directa e
indirecta, premiar el mérito, generar confianza y premiar la productividad. En otras
palabras, exige concentrarse en aquello que hace posible el desarrollo
sostenible.
Las páginas que siguen no ofrecen recetas infalibles
ni soluciones instantáneas. Tampoco buscan idealizar la experiencia de
Singapur. Su propósito es más modesto y, al mismo tiempo, más ambicioso:
invitar al lector venezolano a reflexionar sobre los principios que pueden
ayudar a construir una sociedad donde, las oportunidades sean más importantes
que las dádivas, y donde la prosperidad nazca del esfuerzo compartido entre
ciudadanos e instituciones. A continuación, se presenta el esquema que vamos a
seguir en esta investigación: (1) ¿Qué es una sociedad justa?, (2) los límites
del asistencialismo, (3) meritocracia: el motor del progreso, (4) educación: la
verdadera igualdad de oportunidades, (5) trabajo, Estado y solidaridad: los pilares
de una sociedad libre y (6) Conclusiones.
Si al finalizar este ensayo el lector concluye que el
verdadero desarrollo comienza cuando una nación decide confiar en la capacidad
de su gente y fortalecer las instituciones que hacen posible ese esfuerzo,
entonces estas páginas habrán cumplido su propósito.
1.- ¿Qué es una Sociedad Justa?
¿Qué hace que una sociedad sea verdaderamente justa?
Durante décadas, el debate político ha girado en torno a la distribución de la
riqueza. Para algunos, la justicia consiste en que el Estado garantice a todos
sus ciudadanos un determinado nivel de bienestar mediante subsidios,
transferencias y programas sociales. Para otros, una sociedad justa es aquella
que ofrece a cada ciudadano la libertad y las oportunidades necesarias para
construir su propio futuro.
Este conciso ensayo sostiene que la justicia social no
puede basarse en la dependencia permanente del Estado. La función de una
sociedad justa es crear las condiciones para que cada individuo pueda
desarrollar plenamente sus capacidades mediante la educación, el trabajo, el
esfuerzo y el mérito.
Ello no significa abandonar a quienes enfrentan
circunstancias extraordinarias. Toda sociedad tiene la obligación moral de
proteger a quienes, temporal o permanentemente, no pueden valerse por sí mismos.
Sin embargo, convertir la asistencia en una política permanente termina
debilitando la iniciativa individual, reduciendo la productividad y afectando
el crecimiento económico.
La experiencia venezolana constituye un ejemplo
elocuente. Durante años, el Estado sustituyó progresivamente la cultura del
trabajo y del mérito por una política basada en subsidios, controles, nepotismo
y dependencia económica. El resultado fue el deterioro de las instituciones, la
disminución de la producción, el empobrecimiento general de la población y una
creciente pérdida de oportunidades para millones de ciudadanos.
Frente a esa realidad, este ensayo propone una
concepción distinta de la justicia social: una sociedad que garantice la igualdad
de derechos y de oportunidades, proteja a los más vulnerables y, al mismo
tiempo, promueva la responsabilidad individual, el emprendimiento y la creación
de riqueza como fundamento del bienestar colectivo.
Con frecuencia se identifica la justicia con la
igualdad de resultados. Sin embargo, las personas poseen talentos,
aspiraciones, capacidades y circunstancias diferentes. Pretender que todos
alcancen exactamente el mismo nivel económico no solo resulta irreal, sino que
suele exigir una intervención estatal que limita la libertad y desincentiva el
esfuerzo.
Una sociedad justa no garantiza resultados idénticos;
garantiza reglas iguales para todos. Su propósito es ofrecer a cada ciudadano
la posibilidad real de progresar mediante su trabajo, su preparación y su
iniciativa, sin privilegios ni discriminaciones.
La igualdad de oportunidades constituye el fundamento
de esta visión. Todos deben tener acceso a una educación de calidad, protección
jurídica, instituciones imparciales y un entorno donde el mérito pueda
desarrollarse. A partir de allí, serán las decisiones individuales, el esfuerzo
y la perseverancia, los que expliquen buena parte de las diferencias en los
resultados obtenidos.
La justicia también exige responsabilidad. Los
derechos y los deberes son inseparables. Una sociedad donde los ciudadanos
esperan que el Estado resuelva permanentemente sus necesidades termina
debilitando la iniciativa personal y trasladando al poder político
responsabilidades que corresponden a cada individuo, a las familias y a la
sociedad civil.
Esto no significa ignorar las desigualdades ni las
dificultades que enfrentan muchas personas. Existen circunstancias —como una
discapacidad, una enfermedad grave o una catástrofe natural— que justifican
plenamente la intervención solidaria del Estado y de la sociedad. Pero esas
excepciones no deben convertirse en el modelo permanente de organización
económica y social.
En definitiva, una sociedad justa es aquella que
protege la dignidad humana, garantiza la igualdad ante la ley, amplía las
oportunidades de progreso y reconoce el mérito como principal mecanismo de
movilidad social. Solo así es posible construir una comunidad de ciudadanos
libres, responsables y capaces de generar prosperidad para sí mismos y para las
generaciones futuras.
2.- Los Límites del Asistencialismo
La ayuda social es una expresión necesaria de
solidaridad en cualquier sociedad organizada. Un Estado responsable debe
proteger a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y garantizar que
ninguna persona quede abandonada frente a circunstancias que superan sus
posibilidades individuales.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre
la solidaridad temporal y el asistencialismo permanente. La primera busca
ayudar a una persona a superar una dificultad circunstancial; la segunda
convierte esa ayuda en una forma de dependencia duradera.
Cuando los programas sociales dejan de ser
instrumentos para recuperar la autonomía y se transforman en mecanismos
permanentes de control político, sus efectos terminan siendo contrarios al
objetivo inicial. Una población que depende del Estado para satisfacer sus
necesidades básicas pierde incentivos para desarrollar sus capacidades
productivas y limita sus posibilidades de progreso independiente.
La historia demuestra que ningún país puede sostener
indefinidamente el bienestar de sus ciudadanos únicamente mediante la
distribución de recursos públicos. Primero debe existir una economía productiva
capaz de generar riqueza, empleo e ingresos. Sin producción no hay verdadera
prosperidad; solo existe una distribución temporal de recursos, que cada vez
resultan más escasos.
El caso venezolano refleja claramente esta realidad.
Durante años, una parte importante de la política pública se orientó hacia la
distribución de beneficios financiados por los ingresos petroleros, mientras se
debilitaban las bases productivas del país. Al reducirse la capacidad económica
del Estado, millones de ciudadanos quedaron expuestos a una crisis profunda
porque no se había fortalecido suficientemente su capacidad para generar
ingresos propios.
Una sociedad justa debe combinar protección social con
promoción de la autonomía. La ayuda debe ser una herramienta para superar
obstáculos, no un sustituto permanente del esfuerzo, el trabajo y la
responsabilidad individual.
En conclusión, el verdadero objetivo de la política
social no debe ser crear ciudadanos dependientes del Estado, sino ciudadanos
capaces de participar plenamente en la economía y en la vida nacional.
3.- Meritocracia: El Motor del Progreso
La meritocracia representa uno de los principios
fundamentales de una sociedad abierta donde las personas deben tener la
posibilidad de avanzar de acuerdo con su preparación, su esfuerzo, su talento y
sus resultados. Una sociedad donde el mérito es reconocido, genera incentivos
para estudiar, trabajar, innovar y asumir responsabilidades. Por el contrario,
cuando los privilegios, las conexiones políticas o la lealtad al poder
sustituyen al mérito, las instituciones pierden eficiencia y la ciudadanía
pierde confianza en el sistema.
La meritocracia no significa ignorar las desigualdades
de origen. Por el contrario, exige crear condiciones para que las
circunstancias familiares, económicas o sociales no determinen completamente el
futuro de una persona. Por eso la educación de calidad y la igualdad ante la
ley son elementos indispensables para que el mérito pueda desarrollarse.
Venezuela experimentó, durante décadas, un deterioro
progresivo de su cultura meritocrática y en muchos ámbitos, incluyendo
instituciones fundamentales del Estado, tal como las Fuerzas Armadas, se fue
debilitando la importancia de la preparación profesional, la experiencia y la
capacidad, mientras crecían criterios basados en la afiliación familiar,
política, el amiguismo y la lealtad personal.
Este fenómeno tuvo consecuencias profundas. Cuando una
sociedad deja de premiar la competencia y la excelencia, disminuye la calidad
de sus instituciones, se reduce la productividad y aumenta la emigración de
personas preparadas que buscan lugares donde sus capacidades sean reconocidas.
Una nación no puede construir su futuro si sus ciudadanos perciben que el
esfuerzo no vale la pena o que el éxito depende más de los contactos que de su
capacidad.
Recuperar la meritocracia implica reconstruir una
cultura basada en la responsabilidad, la excelencia y la igualdad de
oportunidades. Significa entender que el progreso colectivo surge cuando cada
persona tiene la posibilidad de aportar lo mejor de sí misma y recibir una
recompensa justa por su contribución. Una sociedad justa no elimina las
diferencias producto del esfuerzo y del talento; elimina las barreras injustas
que impiden que las personas puedan demostrarlo.
4.- Educación: La Verdadera Igualdad de Oportunidades
La educación es la herramienta más poderosa para
construir una sociedad justa. Sin ella, la igualdad de oportunidades se
convierte en una promesa vacía, porque el talento y el esfuerzo de las personas
no pueden desarrollarse plenamente si carecen de los conocimientos y las
habilidades necesarias.
Una sociedad que aspira al progreso debe garantizar
una educación de calidad para todos sus ciudadanos, independientemente de su
origen económico o social. La educación no debe limitarse a transmitir
información; debe formar personas capaces de pensar críticamente, resolver
problemas, adaptarse a los cambios y participar activamente en la economía y en
la vida democrática.
La verdadera justicia social no consiste en igualar
los resultados finales, sino en permitir que cada persona tenga las
herramientas necesarias para competir y progresar según sus capacidades. Una
educación deficiente perpetúa la pobreza; una educación de calidad abre caminos
hacia la autonomía y la movilidad social.
El deterioro educativo sufrido por Venezuela durante
las últimas décadas demuestra las consecuencias del abandono de este principio.
La pérdida de calidad en escuelas y universidades, incluidas las escuelas
militares, la migración de profesionales y la falta de incentivos para docentes
y estudiantes, afectaron una de las bases fundamentales para la reconstrucción
del país.
Recuperar la educación requiere valorar nuevamente el conocimiento,
la excelencia y el esfuerzo. Los maestros deben ser reconocidos como actores
esenciales del desarrollo nacional, y los estudiantes deben encontrar en el
aprendizaje una vía real para mejorar sus condiciones de vida.
Una sociedad que educa a sus ciudadanos no necesita
mantenerlos permanentemente mediante asistencia; les entrega las herramientas
para construir su propio futuro.
5.- Trabajo, Estado y Solidaridad: Los Pilares de una
Sociedad Libre
El progreso de una nación depende, en última instancia,
de su capacidad para crear riqueza. El trabajo, el emprendimiento y la
innovación son las fuentes fundamentales del desarrollo económico y del
bienestar colectivo.
Antes de distribuir riqueza, una sociedad debe ser
capaz de crearla. Ningún sistema de asistencia puede sostenerse indefinidamente
si no existe una economía dinámica que genere empleos, inversiones y
oportunidades. La prosperidad duradera nace de ciudadanos productivos y de
instituciones que permitan transformar las ideas y el esfuerzo en resultados.
En este proceso, el Estado tiene una responsabilidad
esencial, pero limitada. Su función no es sustituir a los ciudadanos ni
controlar todos los aspectos de la economía, sino establecer las condiciones
para que las personas puedan desarrollar sus capacidades con libertad y
seguridad.
Un Estado eficiente debe garantizar justicia,
seguridad, educación, salud pública, infraestructura y reglas claras. Debe
proteger al ciudadano, no hacerlo dependiente. Cuando el poder público
concentra demasiadas funciones económicas y sociales, aparecen la corrupción,
el clientelismo y la pérdida de incentivos para producir.
La solidaridad, sin embargo, sigue siendo un valor
indispensable. Una sociedad justa debe responder ante quienes enfrentan
situaciones que superan sus capacidades individuales. Desastres naturales,
enfermedades graves o tragedias colectivas requieren una respuesta del Estado,
humana y organizada.
El terremoto ocurrido recientemente en el litoral
central de Venezuela, que dejó miles de víctimas, desaparecidos y familias que
perdieron sus hogares y medios de vida, recordó que existen momentos en los
cuales la ayuda inmediata del Estado y de la sociedad es moralmente obligatoria
e imprescindible.
Pero incluso en esas circunstancias, la ayuda debe
tener como finalidad la recuperación de la autonomía de las personas. La
reconstrucción no debe limitarse a entregar recursos temporales; debe permitir
que las familias vuelvan a trabajar, producir y recuperar su independencia.
Una sociedad libre combina solidaridad con
responsabilidad. Protege a quienes lo necesitan, pero también crea las
condiciones para que cada ciudadano pueda convertirse en protagonista de su
propio destino.
6.- Conclusión
Una sociedad justa no es aquella donde el Estado
intenta resolver todas las necesidades de sus ciudadanos, sino aquella donde
las personas tienen las oportunidades, las herramientas y la libertad
necesarias para construir su propio futuro.
La justicia social no puede reducirse a la
distribución de beneficios. Ella requiere instituciones sólidas, igualdad ante
la ley, educación de calidad, reconocimiento del mérito y una economía capaz de
generar riqueza y empleo. La experiencia venezolana demuestra los riesgos de
sustituir la cultura del trabajo y la producción por una relación permanente de
dependencia entre ciudadanos y Estado. Cuando se debilitan la meritocracia, las
instituciones y la iniciativa individual, toda la sociedad pierde capacidad
para progresar.
Esto no significa abandonar la solidaridad ni ignorar
a quienes enfrentan dificultades reales. Una sociedad humana debe proteger a
sus miembros más vulnerables, especialmente en momentos de crisis. Pero esa
ayuda debe estar orientada a recuperar la dignidad y la autonomía, no a
perpetuar la dependencia.
El verdadero desafío consiste en construir una
sociedad democrática donde cada persona tenga la posibilidad de desarrollar su
potencial, donde el esfuerzo sea reconocido y donde el progreso sea
consecuencia del trabajo, la educación y la responsabilidad de todos.
Singapur demostró que es posible.
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