Pensar en una política de seguridad y defensa en la Venezuela en el
presente no es posible debido a que la clase dirigente
nacional se vio en la necesidad de declarar estados de excepción en la frontera
occidental y estado de emergencia económica por su incapacidad de ejercer las
competencias normales de una entidad política en cuanto a autonomía, plenitud y
exclusividad de competencias, es decir, la clase dirigente nacional se ha visto
en la necesidad de suspender el ordenamiento jurídico no para restituirlo sino
para implantar un fracasado modelo de desarrollo que no está contemplado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Así pues, la no
aplicación del ordenamiento por el cual se debe regir la comunidad política
llamada Venezuela impide no sólo considerar, en la actualidad, la existencia de
una república, también permite reflexionar acerca de la posibilidad de instrumentar
una política de seguridad y defensa republicana.
Esta afirmación obliga a examinar el estado de cosas en el país en
relación con la Constitución Nacional con el fin de establecer un plano de
referencia que permita sentar los fundamentos de una política de seguridad y
defensa en Venezuela desde una concepción republicana. Para ello vamos a analizar a quién
compete la seguridad y la defensa nacional, cuál debe ser el rol que debe
cumplir los encargados de la defensa nacional en relación con la sociedad
partiendo de sus funciones específicas y cuáles podrían ser los lineamientos
básicos de una política nacional.
La competencia de la seguridad y defensa
nacional.
De acuerdo con lo especificado en el artículo 322 de la Constitución
Nacional la “seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad
del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es
responsabilidad de los venezolanos…”. Aquí se pueden observar dos intenciones
cuya operacionalización se encuentra en la Ley Orgánica de Seguridad de la
Nación (LOSN) (2014). Es decir, la seguridad de la nación entendida como una
competencia del Estado está orientada en concordancia con el artículo 4° a que
su defensa esté circunscrita al modelo de desarrollo cuando afirma que
“El desarrollo integral, …, consiste en la
ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y
labores que acorde, con la política general del Estado y en concordancia con el
ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las
necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos
económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.
Como se sabe el modelo de desarrollo fue declarado socialista por el
difunto presidente Chávez y es parte de la política del actual gobierno. Ello
es evidente en lo que concierne a la ley Plan de la Patria (2013). La otra
parte que contiene el artículo 322 de la Constitución Nacional referida a una
responsabilidad de todos los venezolanos de defender ese modelo supone la
obligatoriedad de cumplir una política de desarrollo socialista que no está contenida
en la norma fundamental. Esta es la causa principal de intranquilidad entre los
venezolanos por los resultados de la instrumentación y desacuerdo en la
comunidad política venezolana. No se puede defender, y no se debería obligar a
defender algo que no está contemplado en su norma constitutiva y que ha
resultado fallido.
Desde esta perspectiva se sigue que de la intranquilidad y del
desacuerdo nace el deseo de imponer el modelo que ha instrumentado el régimen
político y consecuentemente la resistencia. Del deseo de imponer, la clase dirigente
ha desarrollado un conjunto de capacidades coercitivas que conspiran contra la
Constitución Nacional y explican la situación excepcional que vivimos. Dentro
del conjunto de medidas adoptadas por la clase dirigente se destacan, además
del uso de la Guardia Nacional y los organismos de inteligencia como fuerza
represiva, la conformación de cuerpos armados encuadrados en lo que se conoce
como Milicia Nacional Bolivariana y los grupos de defensa de la revolución
conocidos como “colectivos armados”. Estos hechos han convertido al gobierno
nacional en una facción y en este contexto, no puede llamarse República la que
está dominada por una facción política[1].
Estos hechos han generado a su vez un conjunto de distorsiones si se usa como
modelo el republicanismo como forma constitutiva desde una perspectiva clásica
y humanista. En primer lugar, si en una república, sus pobladores son a su vez
ciudadanos y milicianos, no puede haber grupos que se abroguen la exclusividad
en la defensa de una facción gobernante[2].
En segundo lugar, si el Estado, que de acuerdo con el artículo 324, sólo “puede
poseer y usar armas de guerra” y la Fuerza Armada Nacional es “la institución competente para
reglamentar y controlar,… la posesión y uso de otras armas, municiones y
explosivos”, permiten que otros grupos al margen de la Constitución las posean,
entonces se evidencia una incapacidad de ejercer esa competencia o se ha
actuado de forma permisiva en función de una intencionalidad política. En ambos
casos, la facción política ha sido generada por la acción u omisión de la clase
dirigente en función de implantar un modelo de desarrollo que no está
contemplado en la constitución. Y en tercer lugar, si hay una diferenciación de
funciones entre “Estado” y “ciudadanos”, tal como señala el artículo 322 de la CRBV
y que se evidencia en el concepto de “desarrollo integral” establecido en la LOSN
y se considera además la intención que se deriva de la ley Plan de la Patria de
implantar un modelo de desarrollo socialista, se hace difícil afirmar la
existencia de una república y de establecer una política de seguridad y defensa
que incluya a todos los venezolanos, debido a que la clase dirigente tiene que
usar todo el aparato coercitivo del Estado para imponer sus políticas a pesar
de la manifiesta oposición publica a las citadas intenciones.
En todo caso, el estado de cosas antes descrito por la acción de la
misma clase dirigente, que ha significado el no cumplimiento de la norma
constitucional, indica que ésta clase se ha apartado de la misma para seguir un
proyecto político obligando a la población y a las instituciones que no se
hayan salido de la norma fundamental a restablecer la CRBV o proponer otro
ordenamiento constitutivo que sea expresión de todos o una gran mayoría de
venezolanos debido a que no se puede asegurar ni defender un modelo que está
provocando la disolución del orden constituido. Esto nos lleva al segundo
aspecto de nuestro análisis, es decir el relativo a la defensa nacional.
La defensa nacional.
La defensa nacional es un aspecto que está contemplado en el artículo 323
de la CRBV bajo la figura de la defensa integral. Para tal fin se estableció el
Consejo de Defensa de la Nación conformado por todos los representantes de los
poderes públicos incluyendo los sectores de defensa, seguridad interior,
relaciones exteriores y planificación. La defensa integral es definida en el
artículo 3° de la LOSN como
“… el conjunto de sistemas, métodos, medidas y
acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma
activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las
instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la
libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el
desarrollo integral de la Nación”.
Dentro de esta estructura se señala la episteme del Estado para
garantizar la defensa y las entidades concurrentes y el objeto, y el artículo
328 de la CRBV señala dentro de este marco que la Fuerza Armada Nacional (FAN) es
responsable de la defensa militar. Dicho de manera más específica, se señala en
ese artículo que la FAN tiene como misión “Garantizar la independencia y
soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico,
mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden
interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. Esta
diferenciación expresa, de suyo, que hay acciones de defensa que no son
militares y acciones que sí lo son, no obstante ello, el hecho que el Consejo
de Defensa de la Nación esté ubicado dentro de la estructura del Ministerio del
Poder Popular de la Defensa subordina la defensa integral a una función militar
explicando con ello porque los militares actúan en todos los ámbitos del
quehacer político bajo la figura de la defensa integral. Este hecho hace
necesario analizar la FAN desde la perspectiva de lo que hemos argumentado
hasta aquí desde el punto de vista de su denominación, sus componentes y sus
funciones.
En primer lugar, es de mencionar que la denotación de la FAN como Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) dentro de un contexto donde la república es
bolivariana y donde el título VII de la CRBV no lo establece, parece indicar
sólo un problema semántico, pero su carácter “socialista, chavista y
revolucionario”[3] y “antiimperialista”
tal como se observa en el discurso de las principales autoridades militares al
menos desde el año 2005 contiene un elemento ideológico y teológico político
basado en el carisma que en sí ha marcado la característica de los regímenes
llamados progresistas en la primera década del siglo XXI[4].
Es decir, hay una interpretación ideológica ‘progresista’ de talante marxista del
pensamiento de Bolívar inculcada por el líder carismático que representó el
difunto presidente Chávez que es seguido por la FAN indiferentemente de la
existencia de la CRBV.
En segundo lugar, como ya indicamos, la FAN compuesta por el Ejército,
la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional tiene como funciones la defensa
militar, la contribución en el mantenimiento del orden interno y la
participación activa en el desarrollo. Aquí se presentan tres inconvenientes
relacionados con aspectos que se salen de la CRBV, es decir, la existencia de
un quinto componente que obedece a una facción política, la función de defensa
entendida como defensa integral desde una perspectiva desarrollista y el
significado de la expresión ‘orden interno’.
En relación con el primer inconveniente, es decir, la existencia de la
Milicia Bolivariana se presenta cuando la CRBV no lo contempla, no permite la
existencia de cuerpos militares politizados más allá de la estructura que
indica la propia constitución, ni de otros cuerpos armados bajo el concepto de
“comités de defensa de la revolución” o “colectivos armados”.
La estructura básica que indica la CRBV difiere de la establecida en la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) (2015). En esta
norma, según el artículo 5°, se indica que:
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está
organizada de la siguiente manera: la Comandancia en Jefe, el Comando
Estratégico Operacional, los Componentes Militares, la Milicia Bolivariana
destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa
integral de la Nación y las Regiones Militares…”.
Una organización en sí está determinada por un fin, una estructura y
unos procesos. En la CRBV se indica el fin de la FAN, la estructura y un marco
procesal, que la LOFAN no respeta desde el punto de vista estructural. Esta
estructura, que es producto de una evolución que se inició en el año 2005 se
diferencia de la CRBV en que minimizó el rol de los componentes militares
(Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional) al igualarlo con un ente
político no contemplado y unas entidades que deberían operar sólo en
circunstancias excepcionales como las Regiones Militares y el Comando
Estratégico Operacional (CEO). Este cambio de estructura evidencia la
existencia de otro propósito que va más allá de la CRBV aunque en ese
instrumento no está contemplado y es garantizar la defensa de un orden
político. Cómo se observa esta intención.
Se observa de dos manera: en primer lugar, en el plano internacional,
por una parte, la amenaza a la independencia política no se ha presentado por
la imposición de una política determinada al país sino por una manifiesta
incapacidad de autogobierno evidenciada en la pobre conducción de nuestras
riquezas para alcanzar el bien común. Este problema es histórico y se hizo más
patente cuando la clase dirigente actual decidió imponer otro modelo de
desarrollo bajo el tutelaje extranjero. Por la otra, la integridad del espacio
geográfico nacional cuyas amenazas se ciernen en los espacios marítimos
específicamente en el Golfo de Venezuela y en la fachada Atlántica no ha sido
considerada de forma debida por la clase dirigente. El ejemplo más patente de
lo antes indicado se evidencia en que los principales incidentes que se han
presentado en la fachada Atlántica han ocurrido en el espacio marítimo y la
política nacional se ha focalizado en la recuperación del territorio otorgando
con ello libertad de maniobra a Guyana en el mar en función de sus pretensiones
políticas[5].
De igual forma, el desarrollo de capacidades de defensa nacional, sobre todo
después del año 2007 se ha orientado para la guerra terrestre a pesar de que
los espacios en disputa son marítimos.
En segundo lugar, si bien las Regiones Militares (REDI) dependen del
CEO, estas también dependen del Presidente de la República de modo que en caso
de conflicto, es decir, de conmoción interior/exterior, estas puedan operar de
forma independiente siguiendo al efecto un criterio basado en la geometría
fractal, con lo cual si fallan los canales jerárquicos por alguna u otra razón la
dirección política del régimen puede dar órdenes directas a cuerpos armados
específicos organizados fractalmente en función de su filiación política
“chavista, socialista y revolucionaria”, teniendo presente la situación
excepcional que vive el país atribuida a amenazas de origen interno y externo[6].
Dicho de otra manera se centralizó el comando de la FAN a expensas del
Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional para favorecer las acciones
tácticas ejecutadas por un comando político en caso de que el CEO no pueda
hacerlo.
Con respecto a la función de defensa entendida como defensa integral es
de tener presente que ésta es también producto de un proceso evolutivo de la
LOSN y la LOFAN. La pregunta es cómo se explica el criterio de defensa integral
dentro del contexto de estado de excepción. La explicación está dada en que de
acuerdo con los criterios existentes dentro de la clase dirigente, el país está
afectado por una “guerra de cuarta generación”. La guerra de cuarta generación
tiene una vertiente psicológica, financiera, económica y diplomática, entre
otras, que es explicado de forma amplia por un conjunto de autores
contemporáneos, en especial, por los generales chinos Qiao y Wang (1999)[7].
Según el criterio de estos autores la guerra, tal como se conoce
convencionalmente es muy costosa para China y por ello han considerado otras
formas de hacer daño en un campo donde no existen normas estatuidas.
Este hecho ha permitido explicar la masiva incorporación de militares en
funciones públicas en el país, pero no explica cómo la realidad de una potencia
mundial, como lo es China, pueda aplicarse en un país donde existen diversos
cuerpos armados no militares y la propia doctrina militar ejemplificada en el
Concepto Estratégico Militar (CEM) 2012 que indica abiertamente una hipótesis
de conflicto. Este documento considera la defensa militar en períodos y fases
donde se destaca una amenaza potencial y efectiva de invasión de una potencia
imperialista apoyada por un país vecino y la realización de una guerra de
liberación. Con este criterio se plantea el interrogante ¿cómo es posible
considerar una amenaza de esa naturaleza y destacar a un importante número de
profesionales para cumplir funciones en la administración pública?.
De Landa (1991) ha señalado la estrecha relación existente entre fuerza
armada y complejo industrial en el mundo desarrollado. Esta relación es lo que
ha explicado el desarrollo de máquinas inteligentes como se ha evidenciado en
Afganistán, Irak, Libia, Yemen y Siria en lo concerniente a la precisión y autodesignación
de blancos militares en situaciones de conflicto, y que algunos países, como
por ejemplo Brasil, se reserve algunas industrias estratégicas para la
producción de armas y/o componentes dentro de un contexto que persigue asegurar
un mínimo grado de funcionamiento. En Venezuela en la actualidad se está
observando a militares en tareas de producción, distribución y suministro de
alimentos y de acuerdo con la crisis de producción que vive el país por una
ineficiencia crónica que ha reconocido la propia clase dirigente, la FANB se va
a dedicar a la extracción minera, de combustibles fósiles y a la producción de
alimentos. ¿Qué relación tienen esas tareas con la defensa militar? Se podría
argumentar que en Chile históricamente sus fuerzas armadas han tenido una
participación en la producción de cobre, pero no en la explotación en sí, sino
en el transporte y custodia del área de extracción. Si se considera que las
áreas productivas (extractivas) en lo concerniente a minerales y combustibles
fósiles, se hace necesario plantearse los siguientes interrogantes: ¿no será
que servirá para que la FAN extraiga, comercie y custodie para sus propios
fines una actividad económica en un área donde el Estado ha ejercido un débil
control amparado en la figura de la participación activa en el desarrollo
desvirtuando sus funciones esenciales dentro de un contexto de alta
politización de la institución? ¿Por qué no se utilizan los logros alcanzados en
la FAN en la construcción de aeronaves no tripuladas, buques de bajo tonelaje y
vehículos todos terrenos, para potenciar otros sectores productivos del país que
ayuden a recuperar la planta industrial por citar algunos ejemplos?
En la actualidad se ha estado produciendo un cambio en las estructuras
de producción potenciado por la revolución de las redes de información y por
las nuevas capacidades de procesamiento de nuevos materiales (tierras raras)
que está generando cambios sociales y nuevas formas de hacer la guerra. Históricamente
los cambios en las formas de producción han afectado las formas de defensa y de
entender la seguridad, pero extraer no es transformar, por lo que la FANB al
interpretar la ‘participación’ de forma muy flexible se está alejando de su misión
básica, es decir, “la defensa militar”, para su propio perjuicio.
Con respecto al orden interno, la situación es aún más complicada sobre
todo cuando se trata de pensar qué significa ‘orden interno’. Como se ha
observado, la Guardia Nacional ha monopolizado esa función a partir de su
capacidad represiva, pero ‘orden interno’ va más allá de reprimir, es el
ordenamiento de la república desde una perspectiva constitutiva. El ‘orden
interno’ es la expresión práctica y concreta de la seguridad ciudadana. Teniendo
esto presente, si se consideran los informes realizados por la Organización Paz
Activa (2015) y los escritos realizados por Bayardo Ramírez (2005) en Estado Paralelo…, es muy difícil hablar
de seguridad ciudadana en la Venezuela de hoy como expresión de un orden
interno con unos datos que expresan la yuxtaposición de crimen organizado,
grupos armados con la anuencia o no del Estado e incumplimiento de normas
estatuidas. En lo personal considero que no se puede hablar ni de orden interno
ni de seguridad ciudadana cuando el Estado surfea sobre un conjunto de
facciones armadas que compiten por dominar un espacio y una actividad
‘productiva’ basado en el resquebrajamiento de un orden político.
El orden político caracterizado por las disfuncionalidades antes
indicadas por la voluntad de implantar, como hemos indicado, un modelo de
desarrollo especificado en el Plan de la Patria desde la perspectiva militar,
la LOSN (2014) lo denomina ‘paz’. Para tal fin, el citado instrumento contempla
la institucionalización de un “sistema de protección para la paz” (artículo
59°) que persigue su preservación. Este artículo señala que:
“El Estado, a través del Ejecutivo Nacional creará
un sistema de protección para la paz, en el cual se integren todos los Poderes
Públicos del Estado, en todos los niveles políticos territoriales, con el
pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo
modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en
materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la
seguridad de la nación…”
La ‘paz’ es un estado que ha estado históricamente asociado a la
justicia dentro de una comunidad política determinada. Recientemente, el papa
Francisco I lo asoció a la fraternidad, pero, para que haya justicia y
fraternidad se tiene que conformar la comunidad y para que cada uno de los
miembros pueda sentirse en comunidad debe sentirse tranquilo, así pue, la paz
en una comunidad política se expresa en la tranquilidad de sus miembros de modo
que, como señala Spinoza (1677/1980) cada Ser en su singularidad pueda
perseverar en su propia existencia. En este sentido Marsilio de Padua expresó
que
"la tranquilidad es la disposición óptima de
la ciudad instituida según la razón…, en la cual cada una de sus partes puede
realizar perfectamente las operaciones convenientes a la naturaleza según la
razón y su constitución. Y como el que bien define, significa igualmente su
contrario, la intranquilidad será la mala disposición de la ciudad…, por la
cual están impedidos todos o algunos de sus miembros para hacer sus operaciones
propias, o tomados aparte absolutamente, o en su conjunto y funcionamiento
total” (1324/1989:11).
Si la tranquilidad como expresión de la paz es la buena disposición de
una comunidad política que se basa en una “quididad
general”, es decir, donde cada miembro “puede realizar la función a ella
conveniente”, se puede afirmar que Venezuela no vive en tranquilidad. Esta
intranquilidad se observa en el rol que está cumpliendo la FAN en relación con
el régimen político y se expresa en el sistema creado en el artículo 59° de la
LOSN cuando no sólo se mantiene el concepto de enemigo interno, sino también
cuando se pretende utilizar a una parte de la población (“pueblo organizado y las instancias de gobierno
comunal”) para preservar un orden donde se limita a cada ser a perseverar en su
propia existencia. Esta limitación, que genera intranquilidad, se observa, en
los índices de criminalidad, la escasez de alimentos y medicinas, ineficacia
administrativa y, en general, en el empobrecimiento de la población.
Así pues, la ‘paz’ para la clase dirigente nacional es intranquilidad y
para asegurarla se utiliza a la Guardia Nacional y grupos armadas creados para
tal fin como un instrumento represivo que logre mantenerla.
Teniendo presente lo antes indicado, la FAN al convertirse en FANB ha
sido apartada de su esencia al permitir la existencia de otros cuerpos armados
que ha variado su estructura en perjuicio del Ejército, Armada, Aviación y
Guardia Nacional para defender un orden político que se ha apartado de la CRBV.
Este apartamiento se ha observado en el modo en que se permite el tutelaje
extranjero al margen de la defensa de la independencia política y de cómo se
han manejado nuestros intereses territoriales en la fachada Atlántica y el
Golfo de Venezuela en lo concerniente a la integridad territorial, en el modo
en que ‘participa’ en el desarrollo integral del país al margen de la necesidad
de desarrollar capacidades defensivas autóctonas y en el modo en que se
preserva la ‘paz’ dentro de un marco de intranquilidad generalizada.
A modo de conclusión.
Teniendo presente lo antes reseñado, la FANB se ha alejado de la FAN
establecida en la CRBV y esta desviación ha afectado todo el ordenamiento
político establecido en el año 1999 de una manera sin precedentes porque no
sólo se ha apartado de su esencia al permitir la politización en sus filas y la
aceptación de grupos armados (politizados o no) que operan en función de los
intereses de la clase dirigente, sino también, se ha alejado de sus funciones
específicas de defensa de la independencia política al aceptar el tutelaje
extranjero y la integridad territorial al subordinar la defensa de los espacios
marítimos sobre los cuales el país tiene intereses por la defensa territorial
del régimen político. Esta distorsión se ha agravado aún más por la inclinación
a interpretar la participación en el desarrollo bajo un dudoso criterio de
estar viviendo el país una guerra de cuarta generación donde agentes internos y
externos han obligado a imponer su idea de paz en perjuicio de todos los
venezolanos. Para garantizar esta ‘paz’ se ha recurrido consecuentemente a la
Guardia Nacional y otros componentes de la FANB en conjunto con otros cuerpos
armados que han destruido el ordenamiento político del año 1999 para imponer
otro que no cuenta con el apoyo de una gran parte de los venezolanos. Con estas
graves distorsiones, es imposible establecer una política de defensa, pero su
señalamiento así sea hecho de forma defectuosa puede ayudar a entender la
situación a la que nos enfrentamos.
Reflexión final: hacia una política de
defensa nacional
Es muy difícil establecer una política de defensa nacional cuando el
objeto de la clase dirigente es ‘defender la revolución’, pero unos
lineamientos sobre el tema pueden ayudar a establecer un referente que permita
a los venezolanos recomponer la comunidad política que le ha dado su
gentilicio. En los párrafos anteriores se indicó la naturaleza de la desviación
de la FAN en algo que se denomina FANB. Estas indicaciones, ya de suyo,
plantean la necesidad de recomponer los fundamentos constitutivos de la
comunidad política que se llama Venezuela. Este es pues el primer lineamiento
de una política de defensa nacional, es decir, hay que establecer un nuevo
orden político que permita que cada Ser en su singularidad pueda perseverar en
mejores condiciones y de acuerdo con su propio criterio dentro de un marco de
tranquilidad que permita que aflore la fraternidad y la justicia.
Si se entiende como política de defensa nacional el conjunto de
orientaciones para garantizar la independencia política y la integridad del
espacio geográfico nacional, ésta debe ser desarrollada fundamentalmente por
los venezolanos a través de su órgano representativo mediante un consenso de
los factores sociales y políticos. Desde esta perspectiva no es una clase
dirigente (presidencialista y/u oligárquica) la que define la política de
seguridad y defensa como la actual, es la república desde una perspectiva spinoziana,
donde todos sus miembros tengan que ganar o perder en términos de seguridad y
defensa nacional (Spinoza, 1677/1986). Con lo cual el Consejo de Defensa de la
Nación no puede ser un órgano subordinado al Ministerio del Poder Popular para
la Defensa. Si las principales amenazas que pueden afectar al país se derivan
de problemas de delimitación de áreas marinas y submarinas, la orientación de
una política de defensa debe apuntar al escenario marítimo y a todos aquellos
factores que impidan o dificulten su buen ordenamiento.
Si bien la LOSN establece los entes que conforman el consejo y
consecuentemente quienes son los encargados de desarrollar la política en el
país, reiteramos que los venezolanos son los responsables de la defensa
nacional y la república es la forma en que esta se expresa en todos los ámbitos
de la seguridad, es decir, político, económico, social, cultural, geográfico,
ambiental y militar. Por ello vamos a indicar de forma específica que ello
significa.
En lo político, se debe recuperar el status del Ejército, la Armada, la
Aviación y la Guardia Nacional. El Comando Estratégico operacional es expresión
de un accionar conjunto en función de una situación excepcional específica
contemplada en la política de defensa nacional, por ello no puede ser un órgano
de ejecución permanente sino un órgano de planificación y de monitoreo de
circunstancias excepcionales que puedan motivar la presencia de la FAN para
actuar efectivamente cuando se declare el estado de excepción.
Consecuentemente, en el proceso de recomposición del orden político, el
Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional deben recuperar su
autonomía funcional limitándola en caso de situaciones excepcionales debido a
que los supuestos sobre los cuales se basó el criterio de unicidad potenciaron la
disfuncionalidad y la desviación. Además, se deberá promover la cooperación, la
confianza a nivel inter-fuerzas y la confianza mutua a nivel regional. Ello
implica la presencia activa en organismos supranacionales y de construcción de
la paz internacional.
En lo económico, se debe asignar los recursos para garantizar una
disponibilidad operacional que sea compatible con las necesidades de defensa.
Ello supone la orientación de las adquisiciones en función de las necesidades
desde una perspectiva multifuncional y estandarizada, la descentralización de las
funciones administrativas a como estaban antes del año 1999 y mantener la
centralización en aquellas funciones relativas al mantenimiento y reparación de
equipamiento común, así como en lo relativo a la adquisición de equipamiento
donde sea aplicable. Consecuentemente, la participación activa en el desarrollo
nacional se debe orientar a facilitar la investigación científica y técnica a
efectos de consolidar sectores de conocimiento que permitan reducir la
dependencia externa del país en asuntos de defensa y la participación en los
entes nacionales relacionados con la investigación científica y el desarrollo
tecnológico en todos los espacios de interés nacional incluyendo la Antártica.
Desde el punto de vista social, hemos indicado que la defensa nacional
es un asunto de los venezolanos como una totalidad y se expresa en la república.
Desde esta perspectiva un buen ordenamiento político que garantice la cohesión
social es el primer acto de defensa. Por ello el empleo de recursos militares
en apoyo a la comunidad ha sido un
aspecto que ha caracterizado históricamente a la institución militar venezolana
para garantizar la justicia y la paz social, pero ello no debe implicar riesgos
para la defensa nacional como un todo. Para tal fin, se deberán asignar los
recursos necesarios.
En lo geográfico, el principal acto de defensa está en su uso y
ocupación. Este es el único modo de defender no sólo los recursos que en él
existen, sino también la actividad productiva. De ahí que, el objeto de la
defensa de la integridad territorial no sólo se circunscribe a garantizar la
posesión, sino también, el uso y ocupación del mismo. Esta afirmación se
extiende a otros espacios comunes como la alta mar, los fondos oceánicos, la
Antártica y el espacio ultraterrestre.
En relación con el ambiente, el cambio climático ha modificado las
condiciones para la defensa. Eso es patente hoy en día cuando se conoce acerca
de la existencia de armas basadas en la modificación climática dentro de un
contexto de deterioro ambiental. Por ello, la modificación realizada para
producir daño dentro de un contexto de cambio producido la actividad humana que
se traduce en mitigación y adaptación, obliga a considerar el problema del
ambiente desde una perspectiva de gestión de riesgos y en este contexto, la
política de defensa nacional debe considerar ambas desde una perspectiva
militar, social, económica y política para adecuarse a las circunstancias de
defensa y para ayudar a mitigar los daños producidos por estos cambios.
En lo cultural, Venezuela es una forma simbólica que existe en la medida
en que el homus simbolicus venezolano
existe como tal[8]. Eso es sólo
posible con el buen ordenamiento que haga que en tranquilidad cada quien pueda
hacer lo que considere para perseverar en su propia existencia. Preservar la
cultura no es suficiente, la cultura greco-romana existe pero no existen dichas
civilizaciones, por ello lo importante es preservar la forma simbólica dentro
de un contexto de cambios y ello no pasa sólo por saber de dónde venimos, sino
también hacia dónde vamos como comunidad. Una FAN y consecuentemente unas FAN’s
deben ser expresión de una comunidad política bien ordenada entendida como
forma simbólica, por lo que es deber de la FAN promover la venezolanidad y no
alguna ideología. La FAN se debe a los venezolanos y no a una ideología.
En lo militar, el empleo de la FAN debe estar orientado a la disuasión
estratégica convencional con lo cual se hace necesario un alistamiento y
disponibilidad operacional que de credibilidad para enfrentar y eventualmente
neutralizar las amenazas externas que se presenten. Para ello, debe disponer de
la información procesada permanentemente actualizada que le permita
efectivamente cumplir con su propósito que supone la potenciación de la vigilancia
en las fronteras en todo el espacio geográfico nacional, la protección de los
recursos económicos sobre todo en los espacios marítimos y la participación en
operaciones de mantenimiento de paz de acuerdo con los intereses políticos de
la república para conocer el estado del arte de la defensa militar y facilitar
así la actualización permanente. De igual forma, se debe evaluar periódicamente
sus capacidades de forma específica y conjunta, y se debe orientar la
participación al desarrollo en aquellos aspectos que contribuyan a la defensa y
al perfeccionamiento del sistema de movilización nacional.
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SPINOZA, B. (1677/1980). Ética demostrada según el Orden Geométrico.
Madrid. (T. V. Peña). Ediciones Orbis. 269 p.
SPINOZA, B. (1677/1986). Tratado Político. Madrid (T. D.
Atilano). Alianza Editorial. 244 p
QIAO, L & WANG, X. (1999). Unrestricted Warfare. [Documento en línea]. Beijing:
PLA Literature and Arts Publishing House. Disponible:
http://www.cryptome.org/cuw.htm. [Consulta: 13FEB2002].
[1]
Sobre este tema, ver al respecto: Cicerón (54 a. C./1991).
[2]
Sobre este tema, ver al respecto: Maquiavelo (1997)
[3]
El “antiimperialista”, que también se utiliza es redundante desde el punto de
vista republicano e innecesario para una institución concebida para la defensa
de la independencia y la integridad territorial. Este carácter antiimperialista
se explica sólo en función de un modelo de desarrollo tal como se ha indicado.
[4]
Sobre la teología política y sus consecuencias ver el comentario de Villacañas
en Schmitt (2009). En este comentario señala el pensador español que fue usado
por Schmitt para justificar el régimen nacionalsocialista alemán.
[5]
En relación con el Golfo de Venezuela existe una estrecha relación en lo
ocurrido en la disputa por espacios marítimos entre Colombia y Nicaragua y las
pretensiones colombianas en el Golfo de Venezuela y en los ríos fronterizos.
Sobre este tema ver: Blanco (2014).
[6]
Sobre geometría fractal y guerra rizomática, ver Deleuze y Guattari (2008).
[7]
Sobre estas nuevas formas de hacer la guerra, ver también: Blanco (2013). Fenomenología de la Guerra contra la Guerra.
[8]
Ver al respecto: Cassirer (1968). Antropología
filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura.
