REFLEXIONES FRONTERIZAS EN TIEMPO DE PANDEMIA IV

Josmar Fernández

@josmarfernandez

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Venezuela, Guyana, las transnacionales y la CIJ

A partir de la notificación realizada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a través de su página oficial, el viernes 29 de mayo, informando que daría curso vía videoconferencia, debido a la pandemia generada por el COVID19, a las audiencias públicas referidas al caso pendiente entre Guyana y Venezuela sobre el Laudo Arbitral de 1899. Los comentarios no se hicieron esperar y por eso resulta interesante hacer una revisión de la situación.

Con la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, se instaba a “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia” a través de la creación de una Comisión Mixta que, en 4 años no dio resultados. Inmediatamente se firma el Protocolo de Puerto España en 1970 y se suspenden las conversaciones por 12 años. Cumplido el período, Venezuela denuncia el Protocolo, pero por falta de acuerdo entre las partes se pierden 7 años más, cuestión que presionó el acercamiento hacia el   Secretario General de las Naciones Unidas, estableciéndose como mecanismo de arreglo pacífico de la controversia, los Buenos Oficios en 1989, facilitando el acercamiento entre las partes, pero sin ningún progreso significativo hasta el año 2017.

Haciendo un balance, llevamos 54 años en espera de resultados positivos. Si bien los temas territoriales no son de fácil y rápida solución, ante lo que en teoría de juegos se llama juego de suma cero, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU el 30 de enero del año 2018, escoge el arreglo judicial (CIJ) como mecanismo de solución de controversia. Guyana aplica la solicitud ante la CIJ el 29 de marzo de 2018, mientras que, Venezuela manifestó al día siguiente que lo desestima y posteriormente el 28 de noviembre de 2019, consigna ante la Secretaría de la CIJ un “memorándum donde reitera su posición sobre la falta de jurisdicción de esa instancia judicial internacional respecto de la demanda unilateral”.

Guyana, Estado de reciente creación, pequeño, pobre, con marcadas diferencias raciales y problemas gubernamentales de corrupción, se preocupó por hacer lobby en los organismos internacionales, realizó alianzas estratégicas y fortaleció relaciones y apoyos con Caricom y Commonwealth, avanzó en los procesos de delimitación marítima pendientes con los países vecinos, propuso la extensión de su plataforma continental, flexibilizó su legislación para atraer inversiones y así, consolidó la presencia de algunas de las empresas trasnacionales más importantes del mundo, en el territorio bajo su jurisdicción -incluyendo el Esequibo-, transgrediendo así los derechos de Venezuela sobre su proyección marítima en el Atlántico, que hoy se ven amenazados.

Venezuela, desde el primer momento apostó por la negociación directa y la confianza del cumplimiento de buena fe por parte de Guyana de lo convenido en el Acuerdo de Ginebra, cuestión que, independientemente de ello, si hemos honrado. Ha insistido por más de 30 años, ingenua o soberbiamente, por un mecanismo dentro del cual no se han logrado avances porque los intereses en juego son, sin duda, mutuamente excluyentes. Las acciones parecieran limitarse al ámbito diplomático, a través de acercamientos poco exitosos por la vía de la cooperación bilateral, pero también, mediante innumerables y enérgicas notas de protestas que lograron neutralizar en muchas oportunidades las pretensiones del Estado vecino.

Ahora, pese a la decisión soberana de no reconocer la jurisdicción de la corte, persisten dudas en algunos sectores sobre el compromiso asumido en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra, donde se cita el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual el arbitraje y el arreglo judicial están incluidos dentro de los medios de solución pacífica. De otra parte, han resurgido cuestionamientos sobre la actitud de las transnacionales frente al conflicto, ideas sobre poblar la Guayana Esequiba o acercar los programas sociales, crear un nuevo estado, entre otras propuestas que fueron desestimadas en su momento. Cabe la pregunta ¿por qué serían pertinentes ahora?

Un caso aleccionador, cuando el entonces ministro de la juventud Charles Brewer Carías junto a un grupo de 50 jóvenes voluntarios, se adentraron en una sección de la parte norte del territorio Esequibo, durante la Semana Santa del año 1981, y levantaron información importante donde demostraban -para ese entonces- el intensivo desarrollo que Guyana había adelantado durante los 12 años de congelamiento de las negociaciones e instaba a hacer lo propio. Ello trajo consigo fuertes señalamientos al entonces ministro, por parte de personajes de la política venezolana y algunos de sus pares dentro del gabinete ministerial; probablemente una de las razones de su salida del ministerio.  

Lo cierto es que nunca se les ha explicado a los venezolanos por qué dichas acciones se consideran inconvenientes, como tampoco se aborda esa matriz de opinión, 39 años después, de repoblar y desarrollar actividades sobre un territorio que, aunque sujeto a reclamación, está administrado por otro actor desde hace 121 años.

Pareciera que la situación exige sincerar escenarios, redefinir estrategias, informar y reeducar eficientemente a los venezolanos sobre las ventajas y desventajas que representa este conflicto, así como neutralizar matrices de opiniones que, por no atender a tiempo, se han atrincherado en el pensamiento colectivo venezolano.

Como decía Simón Rodríguez “Inventamos o erramos”.